viernes, 25 de marzo de 2011

Diagnostico y propuestas publicas del Movimiento D al Estado y Sociedad de Chile

Santiago de Chile, noviembre 2008

MOVIMIENTO D
OBSERVATORIO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Movimiento por la convención en discapacidad de ONU



Documento de trabajo que contiene, primero, el diagnóstico de la situación actual de los derechos de las personas con discapacidad en contraste con lo establecido en la Convención sobre Discapacidad de ONU; segundo, las prioridades visualizadas por cada sector correspondiente a cada tipo de discapacidad; y, tercero, las propuestas de cada organización para mejorar la situación de los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo al diagnóstico establecido y las prioridades expresadas.
Cada sector realizó un texto, entendiéndose por sector, la agrupación de organizaciones de y para personas con: discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad de causa psíquica y discapacidad visual, todas las agrupaciones con representación nacional. El documento contiene los textos refundidos de los cinco sectores. El compendio se ha efectuado respetando los documentos originales entregados por cada sector.















ÍNDICE:


Documento presentado por:
AGRUPACION DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL……………………………………………página 3

Documento presentado por:
AGRUPACION DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA…………………………………………………página 23

Documento presentado por:
AGRUPACION DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA……….……………………………………………página 26

Documento presentado por:
AGRUPACION DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CAUSA PSÍQUICA…………………………………página 34

Documento presentado por:
AGRUPACION DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL……..……………………………………………página 46















Documento presentado por:

AGRUPACION DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
































Propuesta presentada por:
AGRUPACION DE INSTITUCIONES VINCULADAS A LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
PARA EL MOVIMIENTO D


I.                    SALUD

I.I Diagnóstico

Los discapacitados reciben una subvención por parte del SENAME, que alcanza a cubrir un 20% de los requerimientos integrales de cada uno de ellos. Además, cumplidos los 24 años de edad este beneficio deja de otorgarse. Tal cobertura limitada no está acorde con las mejoras del país y adquiere un carácter claramente discriminatorio e injustificadamente acotado del punto de vista de salud.

No existe una entidad estatal especializada que se encargue de apoyar o subvencionar a los discapacitados mentales severos y profundos y que resguarde su integridad durante toda la vida.

No existe un programa de prestaciones médicas protocolizado destinado a pacientes con discapacidad intelectual que viven en hogares o instituciones especializadas. Esto genera, en muchas ocasiones, innumerables dificultades para el paciente discapacitado. Debe comenzar por enfrentar el costo de su traslado y luego el ingreso a un centro asistencial. A ello se une una actitud que no es extraña, por lo reiterada. Las personas con discapacidad intelectual son discriminadas en los servicios de urgencia y atendidas como pacientes de segunda categoría.
El plan AUGE ha significado un importante avance en la atención de salud de nuestro país. Pero muchas de estas patologías no están consignadas en él. En cuanto a las Isapre, éstas obligan a declararlas como preexistencia, por lo que no son consideradas en su cobertura. Ello transgrede principios bioéticas tan relevantes como la libertad de acceso en forma igualitaria a una atención de salud.

Existe una tendencia creciente a des potenciar a las instituciones que brindan atención psiquiátrica, en beneficio de otros sectores que también son importantes. Algunos hospitales psiquiátricos han sido clausurados, quedando una población flotante de pacientes acogidos en hogares y que necesariamente deberían ser incorporados en otras instituciones.  Muchas veces éstas sólo atienden a personas con algún grado de discapacidad intelectual  y/o física sobre agregada. Indudablemente, ello suma un factor de diversidad e interacción que probablemente le restará eficacia a los planes previamente estructurados y diseñados para una población distinta.

Las patologías de origen psiquiátrico cada vez adquieren mayor volumen y relevancia conforme el país crece y se urbaniza. Cada vez con mayor frecuencia constituyen un problema insoluble para las familias y motivo de  disfunción de su  núcleo, no existiendo redes de derivación que los acojan, ni instituciones capacitadas para recibirlos. Tampoco es menor el porcentaje de alteraciones, especialmente en rangos moderados y leves, no diagnosticados.

Existe un gran desconocimiento en la población general y de algunas autoridades, acerca del comportamiento sexual de personas con discapacidad intelectual. Su expresión en esta área tiende a ser reprimido por el entorno.

Sin embargo, sus apetencias tienen la misma diversidad que en el individuo sin trastornos.  En todo caso, esta es un área que se aborda con muchas deficiencias.  No existe una capacitación especial para trabajadores que atienden a discapacitados físicos y/o mentales en relación al área conductual, incluyendo conductas adaptativas como la sexualidad. Y esto es especialmente preocupante para las instituciones de acogida.  Pero junto con ello, también es necesario señalar que el entorno familiar intenta desconocer la realidad sexual de estas personas. Se las tiende a ver siempre como individuos en edad infantil, cuando su conformación fisiológica ha dejado atrás la infancia y sus requerimientos sexuales son muy diferentes.


I.II Prioridad

Las personas con discapacidad intelectual debieran recibir todas, sin excepción, una subvención de tipo estatal, con mayores montos y sin límites de edad para optar y percibir tal beneficio.

  • Cobertura de los sistemas de salud públicos y privados para toda la población que lo requiera. En el cumplimiento de tal objetivo, ni el diagnóstico médico específico, ni el factor económico, debieran constituir cláusulas de exclusión.

  • Existencia de un organismo gubernamental que vele porque los principios anteriores se cumplan a cabalidad en la población de pacientes con discapacidad intelectual. 

  • Mantención de programas específicos de pesquisa y seguimiento del cáncer mamario, gineco-obstétrico y prostático para pacientes con discapacidad intelectual.

  • Plan de control de epilepsia, con libre acceso a los medicamentos para las personas con discapacidad intelectual que viven en hogares de acogida u otras instituciones especializadas o carecen de medios para cubrir tales costos.

  • Realización de protocolos diagnósticos y terapéuticos en pacientes con síndrome de Down: cardiopatías, enfermedades tiroideas, entre otras.

  • Eliminación de los obstáculos de ingreso y cobertura de las Isapre a pacientes con discapacidad intelectual, a través de un marco legislador modificado.

  • Atención siempre solícita, ética y respetuosa de los pacientes con discapacidad intelectual en los sistemas de atención de urgencia del país.

  • Atención especialmente orientada a senescentes con discapacidad intelectual.  Esta es la realidad nueva provocada esencialmente por el avance de la ciencia médica. Por lo tanto se hace urgente implementar programas que consideren al anciano con discapacidad intelectual y sus patologías más frecuentes. Además, el aumento de las expectativas de vida ha generado una situación de abandonado hasta ahora desconocida. Las personas con discapacidad intelectual están alcanzando niveles etarios que tienden a superar el de sus padres.  Ello hace urgente generar políticas públicas que entreguen soluciones y eviten el abandono en que estas personas están quedando.

·         Abordar este tema con criterios más amplios y realistas, desde las autoridades de salud, profesionales, personal a cargo y entorno más cercano.

·         No ocultar ni sancionar conductas de este tipo, sino más bien generar instancias de expresión protegidas.

·         Lograr un enfoque mucho más normalizador abordando profundamente el tema con los apoderados y quienes tengan directa relación con personas con discapacidad intelectual. Todo ello sin dejar de respetar los principios y valores presentes en cada Institución.

·         Tender a normalizar y legitimar gran parte de las conductas sexuales de estas personas, lo que significaría eliminar la aplicación sistemática de medidas de contención  y represión farmacológicas y físicas.

·         El personal al cuidado de personas con discapacidad intelectual debiese estar capacitándose periódicamente en las áreas social, mental, física y conductual, considerando en esta última un conocimiento acabado  de conductas adaptativas como la sexualidad.

  • Difundir, desde un punto de vista integral, la  realidad sexual de las personas con discapacidad intelectual, resaltando sus derechos y necesidades neurobiológicas y tratando de llevar  esta área a un plano de mayor normalización, eliminando prejuicios y desconocimientos que en torno a esta área existen.

  • Fomentar la realización de cursos con franquicia SENCE, de tipo ministerial, que sean permanentes, orientados al personal  que trabaja o cuida directamente a los discapacitados. Estos cursos debieran fomentar el cuidado, manejo y desarrollo de los discapacitados mentales de un modo integral.
  • Estimular la realización de cursos, seminarios u otras formas de capacitación sobre sexualidad y comportamiento social de las personas con discapacidad intelectual. Este trabajo estaría orientado a padres, apoderados, familiares, comunicadores y personas interesadas en la discapacidad intelectual, tengan o no relación directa con personas que sufren esta patología.

Todas estas tareas deberían ser monitoreadas por la institución que operará como parámetro en los temas relacionados con la discapacidad intelectual.


I.III Propuesta

Crear un servicio de la discapacidad, el que sea complementario al FONADIS o bien este mismo pero modificado. Tendría que contar  con mayores atribuciones y recursos. Su  finalidad sería velar por este sector de la población sin excepción, haciendo patente su preocupación con un enfoque integral para todos los discapacitados en forma permanente. A este organismo se accedería  en forma colectiva e individual y contaría con planes de intervención extendidos a la comunidad. Sus normativas y coberturas abarcarían lineamientos de salud generales e implementarían otras particulares que hagan expeditos, reales y ubicuos los beneficios.

Existencia de nuevas políticas que mejoren  atención e infraestructura y garanticen una cobertura plena.

Este sector debiese contar con planes de intervención y pesquisa precoz con soluciones reales para las familias y con mayor acceso a las farmacoterapias y psicoterapias en uso.

Las instituciones que albergan pacientes crónicos y sobre todo con algún grado de discapacidad intelectual y/o neuromotoras debiesen rigidizar sus criterios de inclusión e ingreso, para lo cual sería necesario contar con redes de derivación suficientes para recibir  en forma específica a pacientes psiquiátricos.

Creación de una nueva entidad gubernamental dedicada solamente a responder a las necesidades de las personas con discapacidad.  En materia de salud, su misión sería aplicar la reglamentación que se expida sobre las políticas en esta área, generar proyectos y fondos de destinación, protocolos especializados de evaluación, tratamiento y seguimiento.  También se preocuparía de buscar garantías para mejorar la atención de este sector, teniendo una activa participación con las instituciones relacionadas. Esta entidad debiese también  fijar pautas tendientes a uniformar el trato íntegro y manejo médico específico en los centros de atención de salud públicos y privados para los pacientes con discapacidad intelectual.


II.                  EDUCACIÓN

Introducción
La discapacidad intelectual es una condición que se mantiene durante toda la vida. Sus manifestaciones en el funcionamiento social dependerán de los distintos roles que debe asumir y de los apoyos que reciba para ello.
Si bien es cierto que la característica esencial de esta discapacidad es el compromiso de la inteligencia, frecuentemente se presenta acompañada por otras alteraciones orgánicas de diversa naturaleza y magnitud. Esta condición le otorga al grupo una gran heterogeneidad, lo que dificulta la toma de decisiones generales, especialmente en relación a la educación que requieren y al tiempo que ésta debe mantenerse como apoyo sistemático.
Para enfrentar esta realidad, en Chile opera lo que se ha denominado Educación Especial. Se encarga de asegurar el cumplimiento del principio de  igualdad de oportunidades de aquellos niños, niñas, jóvenes y adultos que presentan discapacidad intelectual.
Actualmente, como parte de la Reforma Educacional emprendida en Chile, la Educación Especial ha adquirido un nuevo impulso.  Es un intento para que, efectivamente, las personas que presenten discapacidad intelectual accedan a una sociedad que no los discrimine y les ofrezca igualdad de oportunidades.  
Con este propósito, la Educación Especial propicia el acceso, progreso y permanencia en la educación común de los niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad.  Esto se lleva a cabo a través de los proyectos de integración que favorecen su desarrollo individual y social.  De esta manera, la  integración es concebida como  un proceso continuo y dinámico. Y hace posible que las personas con discapacidad participen en las distintas instancias del quehacer social, escolar y laboral, con apoyos especiales en los casos en que sea necesario.
Sin embargo, esta propuesta de Educación Especial con integración establece una orientación conceptual y técnica que, al menos, es discutible. En algunos aspectos no responde plenamente a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Y son precisamente tales falencias las que, para su discusión, se plantean en este documento.

II.I Diagnóstico

En la actualidad, sólo 46.116 alumnos con discapacidad intelectual reciben atención educativa en el país. Esta cifra se alcanza considerando tanto a las Escuelas Especiales como a los establecimientos públicos adscritos a programas de integración. Según diversas estimaciones -que varían de acuerdo a la prevalencia estimada de esta discapacidad en la población general- la cobertura educacional actual es más bien modesta.  Si se aplica el 3% de prevalencia, que es la tasa considerada en los países desarrollados, alcanzaría a sólo el 29 % del total que lo requiere. La cobertura disminuye considerablemente si la medición utiliza la tasa de 4.5%, que es la que generalmente se considera para los países en vías de desarrollo en los que aún existen condiciones de riesgo importantes para la infancia.
En la práctica, hoy en Chile conviven dos modelos educacionales que se aplican a las personas con discapacidad intelectual, especialmente jóvenes y niños. Tal situación ha generado posturas antagónicas. Ellas han decantado en un clima de inquietud por las consecuencias que pueda acarrear la  toma de decisiones insuficientemente analizadas, en las que los actores involucrados no fueron considerados de manera relevante.  Y, lo que aún es más inquietante, que puedan haber sido motivadas más por razones de carácter económico que técnicas.
La principal crítica que se hace a la integración, tal como se ha llevado a cabo, es que los niños integrados no son considerados en el trabajo del grupo. Además, reciben poca o ninguna atención de sus profesores, se sienten discriminados y sus rendimientos escolares no se han modificado significativamente.
En cuanto a las Escuelas Especiales, se las acusa de ser marginadoras, de no tener claros los perfiles de egreso para los alumnos que atienden, que los retienen en sus aulas más de lo necesario, que justifican la precariedad de los resultados que obtienen con las características de los alumnos.  Y se asegura que quienes defienden su existencia y se oponen a la integración, lo hacen defendiendo intereses económicos y laborales, más que por una real preocupación por la calidad de educación que los alumnos reciben. 

  • En Chile, la población de  niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) menores de 5 años asciende a 23.000. De ellos, el 1,09% tiene acceso a intervención temprana. Este tipo de trabajo educativo se imparte sólo en algunos establecimientos y de manera privada.
  • La normativa vigente para el ingreso a los programas de intervención temprana es poco clara y algo similar ocurre con la nueva política propuesta por el MINEDUC. Desde el punto de vista técnico, el diagnóstico de deficiencia mental o discapacidad intelectual no se hace en niños menores de 4 años. Pese a ello, las normas de subvención exigen el diagnóstico de deficiencia mental para los bebés y niños que se incorporen a las Escuelas de intervención temprana. El criterio de supervisión privilegia claramente el criterio económico por sobre el técnico
  • La población de adultos con NEE mayores de 26 años es 1.838.461 lo que equivale al 87.55% del total de la población con NEE en nuestro país. Si bien estas cifras se refieren a todas las discapacidades no cabe dudas que las personas con discapacidad intelectual constituyen un segmento significativo del cual es necesario ocuparse.
  • Reciben una subvención que triplica la subvención de Escuelas básicas, lo que permite  sólo compensar la menor cantidad de alumnos por profesor, (15 niños por c/u y 8 en los casos acompañados de trastorno motor, versus 40 0 45 alumnos por profesor en la Escuela básica).
  • Esta subvención no cubre el mayor costo generado por la necesidad y exigencia del MINEDUC de mantener en cada Escuela equipos multidisciplinarios afines a las discapacidades específicas de los alumnos, (psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, neurólogos). Debido a ello, este recurso se mantiene con muy pocas horas y muy rara vez completo.
  • El MINEDUC  no aporta material didáctico ni textos de estudio como lo hace con la Escuela Común. Y aquí se da el contrasentido de que los alumnos que más requieren este tipo de apoyo tiene difícil acceso a él por falta de recursos para financiarlos.
  • El pago de la subvención por asistencia media constituye una gran dificultad. La población escolar que se atiende es particularmente susceptible a contraer enfermedades, con frecuencia necesitan intervenciones médicas u hospitalizaciones largas.  Muchos de ellos dependen de terceras personas para asistir a la escuela, por lo que también se ausentan si su acompañante sufre algún inconveniente. En algunos meses del año, el ingreso por el concepto de subvención baja drásticamente, a pesar de lo cual la Escuela debe seguir pagando al personal y cubriendo los gastos operativos fijos necesarios para su funcionamiento.
  • Los diferentes niveles educativos tienen requerimientos técnicos distintos. La Intervención Temprana, por ejemplo, es de mayor costo, porque requiere implementación especial de los espacios, no pueden atenderse grupos numerosos e implica desplazamiento de personal a la comunidad para el trabajo con familias. El nivel de Capacitación Laboral también requiere disponer de mayores recursos. Su implementación es cara, necesita mantención y renovación periódica, ocupa material para el aprendizaje de los oficios que no siempre se recupera.  Además, debe financiar desplazamientos a los lugares de práctica laboral y de provisión de materiales.
·         La realidad que impera en estos dos niveles hace que muchas Escuelas no ofrezcan programas de Intervención Temprana y no implementen adecuadamente sus Talleres Laborales Protegidos.
·         Las familias de los alumnos con discapacidad intelectual generalmente manifiestan dos posturas frente al proceso educativo de sus hijos. Una es no insertarlo al sistema escolar o hacerlo tardíamente. La otra actitud es optar por insertar a su hijo  al sistema escolar,  aunque presentando  muchas dudas y planteándose metas y objetivos irreales con respecto a  la priorización de los aprendizajes.

II.II Prioridad

a)       Integración e inclusión

En general, las organizaciones que convocan a este foro consideran adecuada la integración  e inclusión educativa en los casos de mejor potencial. Pero sólo si la Escuela que los recibe pueda, efectivamente, dar satisfacción a sus necesidades de apoyos especiales. Y, además, garantizarles una experiencia verdaderamente integradora y de inclusión, donde el estudiante con discapacidad intelectual no se sienta desvalorizado por sus diferencias y pueda interactuar con sus pares en un plano de igualdad básico.

Para ello requeriría contar con:
  • Un currículo flexible que permita las adecuaciones necesarias al potencial, estilo cognitivo y ritmo de aprendizaje del alumno.
  • Profesores con conocimiento suficiente sobre esta discapacidad y recursos metodológicos suficientes para  mediar el proceso de aprendizaje del grupo.
  • Material de apoyo adecuado en naturaleza, calidad y cantidad.
  • Docentes capaces de manejar grupos, resolver conflictos y transformarlos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal para todos los alumnos.
  • Resolver la continuidad en la permanencia del sistema, incluyendo la enseñanza media,  considerando que lo esencial en esta discapacidad es la dificultad para acceder a niveles complejos de abstracción, para generalizar los aprendizajes y para utilizar la información adquirida y resolver situaciones nuevas.
  • Facilitar un sistema de salidas intermedias. Esto debería coordinarse con la Escuela Especial, para dar satisfacción a la formación laboral que requieran los alumnos integrados que no puedan completar su formación o continuar enseñanza media en el sistema común.

b)      Escuelas Especiales

Los niños y jóvenes que recurran a las Escuelas Especiales, deben recibir una atención de calidad. A través de:
  • Docentes especializados y profesionales de disciplinas afines, que realicen un trabajo de equipo centrado en las necesidades del alumno y su entorno.
  • Un proyecto curricular que, a partir de las fortalezas y debilidades  específicas de los alumnos, pueda ofrecerles oportunidades de aprendizajes significativos. Que favorezcan el desarrollo de destrezas cognitivas, socio emocionales y prácticas, egresando del sistema con el mejor nivel de autonomía y competencias sociales que permita su condición.
  • Un sistema de evaluación de la calidad de los servicios otorgados, que haga posible ir corrigiendo los problemas a medida que se detectan.
  • Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo especial, en cualquiera de sus niveles, de todas las personas con discapacidad intelectual, por el tiempo que sea necesario, sin importar su edad. El proceso de  aprendizaje de estas personas necesita apoyos especiales, desde etapas tempranas del desarrollo y no son siempre proporcionales a la edad cronológica.
  • Contar con subvención diferenciada por niveles.
  • Incluir a las Escuelas Especiales en la entrega de material técnico de apoyo a la enseñanza.
  • Establecer un criterio de pago de subvenciones que asegure el ingreso para cubrir gastos fijos del sistema en los meses de baja asistencia
  • Considerar en la subvención el hecho de que la discapacidad intelectual afecta todas las áreas de comportamiento del alumno, lo que implica la necesidad de contar con distintos especialistas en los equipos técnicos.
·         Contar con equipo multidisciplinario en la salud pública que pueda brindar apoyo y orientación efectiva a las familias que cuenten entre sus miembros con personas con discapacidad intelectual

II.III Propuesta

  • Establecer un programa progresivo de Proyectos de Integración e inclusión  a cargo de docentes capacitados para ello, que cuenten con un buen equipo de apoyo y supervisión técnica sistemática y de calidad.
  • Normar el ingreso y la salida de alumnos en los diferentes cursos y niveles para  coordinar con educación especial el paso de uno a otro sistema, cuando sea necesario.
  • Validar el sistema de Escuelas Especiales, entregándole los recursos técnicos necesarios para garantizar un servicio de buena calidad y reconociendo, con certificación oficial, los niveles educativos cursados en ella.
  • Elevar la calidad de los servicios de supervisión y apoyo del Ministerio de Educación (MINEDUC).

La opinión de esta Agrupación de Instituciones Vinculadas a la Discapacidad Intelectual es que la integración es un  principio que va mucho más allá de la mera integración escolar. Se entronca directamente con la aceptación de la diversidad.  Es reconocer, como sociedad, que la persona es diferente, pero no por eso carece de derechos y no debe acceder a oportunidades que existen para el resto de los integrantes del conglomerado social. Un alumno con discapacidad intelectual requiere apoyos para lograr el sentido de pertenencia y adecuación desde ámbitos tan limitados como su entorno inmediato, hasta otros que incluyan la escuela, el trabajo y la comunidad. Lo importante es considerar su derecho a una vida de la mejor calidad posible, y que, en ese contexto, cada meta que logre signifique un cambio positivo en su condición. Y siempre teniendo presente que la integración no es sólo un cúmulo de enseñanzas y conocimientos para él, sino esencialmente para la sociedad.  Una sociedad que tiene que acogerlo como a uno más de los suyos.  Diferente, pero uno más.

  • Asegurar el acceso  y permanencia  en el sistema escolar a los niños  menores de 3 años luego de un diagnóstico realizado dentro del plan de salud o por equipos profesionales reconocidos por el MINEDUC. Para ello bastaría que tal evaluación determinara la presencia de síndromes que conllevan discapacidad intelectual (causas orgánicas) y /o presenten evidente retardo global del desarrollo (déficit nutricional, síndrome fetal alcohólico y diferentes carencias ambientales). Es importante destacar que es en estos últimos casos donde la intervención temprana logra revertir situaciones que pueden convertirse en discapacidades permanentes. Es también la etapa en que la familia debe asumir la discapacidad del niño y recibir orientación y apoyo para la aceptación y compromiso con los procesos de intervención que corresponda. Por otra parte, otorgar recursos a este nivel educativo permite alcanzar logros más significativos. La estimulación precoz permite aprovechar de maneras más integral las potencialidades de las personas con discapacidad intelectual.
  • Evaluar sistemáticamente el progreso de los alumnos para derivarlos al sistema educativo o modalidad de atención que mejor sirva a sus necesidades (Escuelas comunes, Proyectos de Integración o Escuelas Especiales).
  • Establecer un sistema flexible que favorezca el paso de uno a otro sistema en el curso o nivel que se requiera según necesidades del alumno (de la Especial a la Común y viceversa).
  • Fortalecer la formación laboral de los alumnos, considerando distintas modalidades de capacitación (formación dual, talleres formativos, empleos con apoyo), ubicándola a nivel de enseñanza media, con una subvención adecuada, y asimilándola a la educación técnico profesional, con la cual se puede establecer líneas de intercambio y traspasos.
  • Implementar un servicio de apoyo a la inserción laboral, en el caso de los estudiantes que puedan ingresar al campo laboral competitivo. Para los de menor potencial, impulsar la formación de empresas familiares y de Talleres Laborales Protegidos.
  • Crear Escuelas de adultos que permitan hacer efectiva la  Educación Permanente para este colectivo. Aparte de que esta línea de acción es un imperativo en el mundo actual, se hace mucho más necesaria para quienes  necesitan del reaprendizaje, porque son más proclives al olvido, pérdida de conocimientos y habilidades que no se apliquen regularmente.
  • Considerar la discapacidad intelectual en la asignación de la subvención especial propuesta en las nuevas políticas.
  • Aplicar un criterio de pago de subvención que permita compensar la mayor frecuencia de ausentismo escolar durante los meses de invierno. Podría ser: pagarla según promedio de asistencia de Marzo, Abril y Mayo, o pagar una cantidad fija por matrícula y el resto según asistencia media.
  • Otorgar la subvención multidéficit a todos los niños y jóvenes con discapacidad intelectual que lo requieran, aunque no estén en cursos o escuelas con esta denominación, ya que donde se encuentre siendo atendido requerirá de apoyos especiales.
·           Adecuar la normativa para el nivel de Intervención Temprana y otorgarle una subvención adecuada a sus requerimientos técnicos y a la importancia que tiene para la prevención y mejor éxito educativo posterior.

  • Fortalecer el nivel laboral apoyando estudios del campo laboral para capacitar según demandas,  y aportarle implementación y financiamiento adecuados.
  • Dotar a las Escuelas Especiales con material técnico distribuido por el MINEDUC.
  • Fortalecer los equipos de supervisión para cautelar que los recursos otorgados por el Estado se destinen a elevar la calidad de los servicios ofrecidos.
  • Controlar que la subvención especial que se otorgue por los alumnos integrados se utilice en recursos de apoyo técnico y material que garantice la atención de las NEE que presentan.
  • Destinar  recursos para el perfeccionamiento permanente de los docentes que atienden grupos integrados.
  • Considerar  en las Direcciones Provinciales de Educación la formación de equipos profesionales de apoyo a todas las Escuelas con Proyectos de integración.
  • Implementar un sistema de información, asesoría y apoyo a las familias de los alumnos que presentan discapacidad intelectual. Dentro de este esquema debería existir un completo programa educativo destinado al entorno familiar. Dentro de él se contemplarían charlas, seminarios  y, eventualmente, la realización de otras actividades de nivel académico superior. Mediante el convenio con universidades se podrían llevar a cabo Diplomados u otro tipo de actividad de postgrado destinada a profesores y otros profesionales especialistas, pero abierto también a padres.  
  • Realización de charlas  a diferentes centros de salud con el fin de estructurar  un catastro de aquellos niños que requieren de algún apoyo especial, para  que la familia participe desde temprano en el proceso  educativo de cada alumno.

III.                TRABAJO


Introducción
La realidad mundial muestra claramente que las necesidades de las personas con discapacidad intelectual son crecientes.  Pero ello no se debe a un cambio en su condición personal.  Obedece a una nueva situación, generada por el esfuerzo de lograr oportunidades que hasta hoy son negadas a estos individuos.  Los esfuerzos más destacados se han hecho para responder a requerimientos que tienen que ver con la posibilidad de capacitarse laboralmente.  Esta perspectiva genera especial interés. Ello responde, entre otras razones, a que entre las personas con discapacidad, la población con discapacidad intelectual es la que tradicionalmente ha soportado un mayor rechazo en el ambiente del trabajo.
En esta nueva realidad, tienen una importancia relevante los avances logrados en el ámbito educacional. Esto, unido a un reconocimiento creciente de la justicia de aceptar al individuo diferente, pone de manifiesto que se vive un momento que trae una oportunidad quizás única. Y es lo que hace indispensable crear nuevas condiciones de estudio y trabajo para las personas con necesidades educativas especiales.
La magnitud del problema que estamos abordando queda de manifiesto al señalar que las personas con discapacidad intelectual son las que más requieren de una capacitación especial.  Son sus condiciones particulares las que determinan un tipo de capacitación que no se puede lograr sino en ambientes preparados para ello. Se trata, sin duda, de establecimientos con soporte multidisciplinario.  Que impartan una capacitación que priorice potencialidades.  Que entregue, como primera prioridad, una base de hábitos y conductas laborales compatibles con un desempeño adecuado y eficiente. La especialización en alguna área laboral determinada vendrá después y obedecerá a las reales posibilidades del educando.
Pero abordar la formación laboral de las personas con discapacidad intelectual debe tener como punto de partida su rescate como ser humano.  Y eso significa ir en busca de sus potencialidades para aprovecharlas cabalmente.  Pero no quedarse sólo en eso.  Ir más allá, hasta llegar a formar una sólida base de autoestima con el convencimiento de que su discapacidad es una característica que lo hace diferente. Y que ello contiene dignidad, respeto y un lugar en el entramado social.
Nada de esto puede ser posible, sin embargo, si la sociedad no asume su compromiso con el trabajador, con el ciudadano con discapacidad intelectual.  Y hacia allá también tiene que dirigirse el esfuerzo de esta mirada inclusiva que se inicia en la educación y termina en los resquicios más recónditos del conglomerado social.

            La actitud que adopte la sociedad como conjunto frente a este tema, será trascendente. El trabajo dignifica al ser humano. A cualquier ser humano y el discapacitado intelectual tiene que comenzar por ser aceptado  en tal condición. Un ser humano diferente, pero con aspiraciones y derechos.  Con su condición humana intacta y en búsqueda de una aceptación que merece y que le abre las puertas hacia una vida más plena, de mejor calidad y con una meta que no puede olvidada, la felicidad. 


III.I Diagnóstico.

Para capacitarse, las personas con discapacidad intelectual tienen dos vías a seguir.  Una de ellas son las Escuelas Especiales.  La otra, los Talleres Laborales Protegidos.  Ambas instancias están orientadas a poblaciones etarias diferentes.
Los Talleres Laborales Protegidos no reciben subvención estatal y trabajan con personas mayores de 24 años. Entregan capacitación en la elaboración de productos artesanales y hábitos de trabajo, además de cubrir las áreas social, recreativa, cultural, deportiva y artística. La población que atienden  presenta diversos grados de discapacidad. Sin embargo, los niveles de real inserción laboral alcanzados son mínimos. Tales resultados son atribuibles a la ausencia de políticas generadas en el nivel estatal central, que tengan como objetivo sensibilizar a la sociedad toda.  Y, paralelamente, otorgar ciertos incentivos para lograr inserciones reales.  Esta simple comprobación deja en claro la ausencia de proyectos.  Una realidad que no sólo atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad intelectual, sino deja al descubierto una preparación deficitaria para practicar la aceptación de la diversidad.
Actualmente, las personas con discapacidad intelectual que han egresado del sistema escolar diferencial quedan completamente desvalidas.  Pese a su capacitación, tienen escasa acogida.  Después de años incorporados en el mundo escolar, terminan excluidas.  Su calidad de vida se deteriora rápidamente, ya que son sacadas del ambiente que conocen y no son aceptadas, sino escasamente, en el mundo laboral.  Esta realidad condena a un gran número de personas a una vida recluida en sus hogares. Quedan sin posibilidad de seguir socializando con sus pares y carentes de alternativas que les permitan aprovechar sus potencialidades y hacer su existencia más grata y llevadera. 
Las cifras de inserción laboral en la población con discapacidad intelectual son más bien negativas. De los alumnos egresados del sistema escolar diferencial, sólo el 3 % se inserta en el mundo del trabajo. Este pequeño porcentaje debe cumplir el período habitual de prueba de uno a tres meses.  En el caso de superar tal lapso, hay diversos factores que determinan su deserción.  Uno de ellos es el contrato de trabajo. Al establecerse el vínculo contractual, la persona con discapacidad intelectual debe renunciar a la pensión asistencial que el Estado le otorga.  Este beneficio se entrega a personas de escasos recursos y su cese es automático al percibir ingreso por su trabajo.  La fragilidad que hoy muestran las ligazones laborales, especialmente en los trabajos de baja calificación, es claramente un obstáculo para las personas de escasos recursos.  Por la vía de un contrato laboral de duración incierta, puede perder una pensión por la que luchó durante años.  Porque el camino a recorrer para obtenerla (de tres a ocho años), es así de farragoso en la actualidad. Si se pierde el trabajo, debe comenzar nuevamente todo el largo proceso.


III.II Prioridad

Los Talleres Laborales Protegidos tendrían un espacio temporal hasta que las nuevas políticas educativas especiales se hubieran asentado.  Y en tal período, recibirían igual tratamiento que las Escuelas Especiales de parte del Estado. Sería una forma de concretar una especie de período de transición hasta llegar a la educación permanente, que es el objetivo que se debe alcanzar.

En esta “prioridad”, las políticas fiscales resultan fundamentales. Además de afinar la percepción de la educación especial, debería asumir integralmente la situación de una persona con discapacidad intelectual como un individuo diferente.  Y eso significa rescatar para ella espacios que hoy no existen en el medio laboral y en la sociedad en su conjunto. En términos prácticos, llegar a acuerdos con la empresa para otorgar a estas personas un trato igualitario con sus trabajadores con capacidades normales.  En otras palabras, a igual trabajo igual sueldo.  Las diferencias de productividad deberían ser asumidas por el Estado mediante una subvención. Pero ello implica aceptar que, dentro de la diferencia de estas personas, está también los tiempos productivos, que tienen que ser respetados.

En definitiva, en este terreno se logrará cuando el trabajador con discapacidad intelectual sea aceptado como un trabajador diferente. Productivo y responsable.  Pero diferente.

El Estado asuma su responsabilidad frente a la población con discapacidad intelectual. De manera integral, a través de políticas  públicas destinadas a sumir a estas personas como individuos diferentes, pero con iguales derechos. Es la reivindicación que permitirá a la sociedad saldar una deuda de discriminación que detiene su desarrollo en el logro de metas humanistas.

Que el Estado elabore políticas orientadas a proteger los derechos del trabajador con discapacidad intelectual. Pero que se trate de políticas que tengan efecto real. Y que ello quede de manifiesto, en primer lugar, con un trato eficiente y rápido para responder a las necesidades de este conglomerado social. Ello debe comenzar por adecuar la normativa legal vigente en temas tan relevantes como la del otorgamiento de pensiones o su recuperación automática al perder el trabajo. Igual tratamiento debería existir para la cobertura de salud, queda sin efecto al transformarse en asalariado. Esta orientación también debe incluir el establecimiento de acuerdos con el sector empresarial para fomentar la contratación de estas personas. 

III.III Propuesta

  • Aumento progresivo del área pre-laboral en las Escuelas Especiales. El Plan de Estudio respectivo se iniciaría desde temprana edad, como ocurre en áreas tales como: sicomotora, comunicación, cognitiva, entre otras, ya que el fin último de la educación especial es formar personas que puedan participar en la próxima etapa que es la capacitación socio-laboral.

·         Establecer una subvención que opere desde el momento en que hoy se termina la Educación Especial.  Para las personas que por su propia discapacidad no puedan integrarse al mundo del trabajo competitivo, esto significaría contar con un ingreso de por vida. Con ello se financiaría su integración a algún Taller Laboral Protegido. Si la persona logra desarrollar destrezas laborales que le permitan ingresar en un programa de inserción de trabajo remunerado, la subvención se suspendería en caso de que la remuneración del trabajo fuese mayor a la de su pensión. Su recuperación sería automática al concluir su relación contractual con el empleador.
·         Revisar los postulados que dieron origen al Fondo Nacional para la Discapacidad (FONADIS), de manera de hacerlos concordantes con las demandas actuales.  Este replanteamiento tendría por objeto lograr que el FONADIS entregue respuestas rápidas y más eficientes a las necesidades que se le plantean.

·         Lograr que los Talleres Laborales Protegidos sean patrocinados por el municipio en el que se encuentran ubicados. Esta relación permitiría que frente a necesidades de trabajos específicos, se le diera prioridad a las propuestas de instituciones que atienden a personas con discapacidad intelectual.  Esto operaría en campos bien delimitados. Serían trabajos que podrían realizarse en el Taller o en terreno.  Y comprenderían actividades tales como: elaboración de papelería, mantención de jardines municipales, plazas, parques, asistencia de aseo en oficinas, baños, lugares públicos, etc.[1].

·         Integrar a las personas con discapacidad intelectual que asisten a Talleres Laborales Protegidos entre quienes se hacen acreedores al pase escolar, como cualquier estudiante de Chile. Este pase debería ser liberado y con un distintivo exclusivo. El costo de su elaboración sería asumido por el postulante.

·         Otorgar un certificado oficial que reconozca la capacitación que ha recibido el estudiante con discapacidad intelectual, ya sea en Escuelas Especiales o en Talleres Laborales Protegidos.

·         Establecer las condiciones necesarias en los centros de trabajo para que las personas con discapacidad intelectual no sean marginadas.

·         Generar acuerdos que hagan responsable al Estado del diferencial de productividad negativo que eventualmente pudieran tener estas personas.  Pero ello implicaría que el trabajador especial recibiría un sueldo igual al de cualquier operario que desempeñe una labor similar.

·         Crear instructivos especiales destinados a otorgar un determinado porcentaje de trabajos en instituciones estatales para personas con discapacidad intelectual.  En la actualidad, éstas sufren una mayor discriminación que aquellas afectadas por otro tipo de discapacidad.

































Documento presentado por:

AGRUPACION DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

































Propuestas del Comité “Sordos por Convención” al Movimiento D




Acciones prioritarias para la Comunidad de Sordos de Chile en materia de Derechos Humanos:


  1. La Lengua de Señas Chilena. Incluir claramente en el Proyecto de Ley que modifica la Ley 19.284 de Plena Integración social para las personas con discapacidad, el reconocimiento de la LENGUA DE SEÑAS CHILENA como el idioma natural de las personas sordas de Chile.

  1. Accesibilidad comunicativa e informativa. Que se aplique en TODOS los ámbitos sociales, EL DERECHO A LA ACCESIBILIDAD (informativa, a la salud, a la justicia, educacional, cultural, recreativa) y de comunicaciones, a través de inclusión de intérpretes de lengua de señas y subtítulos (closed caption) en todos los programas de interés público nacional en la televisión, todos los noticieros, todas las cadenas nacionales, todos los reportajes, documentales, campañas políticas, avisos de prevención en salud, emergencias, películas chilenas, películas infantiles, etc, de acuerdo a lo sostenido por la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD). Incluir textos también en braile y guías lectores, así como el material traducido a la lengua de señas chilena. Que existan intérpretes de lengua de señas y personal sordo contratado en todos los servicios de salud comunitaria, salas de emergencias, los tribunales de Justicia, cárceles, carabineros, juzgados de policía local, etc., para atender a las personas sordas en su propia lengua. Necesitamos una mesa de trabajo entre el movimiento D, el ministerio de telecomunicaciones y las empresas del área telefónica para estudiar formas de hacer accesible económicamente las TICs a las personas con discapacidad que las requieren para la vida independiente (para los sordos son fundamentales).

  1. La Educación. Asegurar el acceso y permanencia de las personas sordas en la educación regular: el derecho a ser educado en la propia lengua. Esto implica flexibilización curricular, inclusión de profesionales sordos en el aula, intérpretes de lengua de señas chilena y material de apoyo visual, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a un costo accesible, de acuerdo a lo señalado por la Convención.  Acceso a la Universidad en igualdad de condiciones: políticas de inclusión de pcd en las Universidades, financiamiento de intérpretes de lengua de señas y profesores de apoyo para personas sordas; generar alternativas a la PSU para personas sordas, debido a la diferencia lingüística. Una propuesta concreta en este tema: que la comisión nacional de acreditación de las universidades, ponga como requisito para acreditar a una institución de educación superior, que incluya políticas de inclusión y de accesibilidad para las personas con discapacidad (todo tipo de discapacidades). (www.cnachile.cl)

  1. Fortalecimiento de la participación ciudadana de la sociedad civil con discapacidad. Se necesita financiar el servicio de intérpretes y coordinar este trabajo con las organizaciones especializadas en capacitación en lengua de señas e intérpretes al interior de la comunidad sorda. Las propias personas sordas deben ser profesores de lengua de señas.  Incrementar la participación efectiva en la toma de decisiones públicas de las organizaciones de personas con discapacidad. Generar canales efectivos para esta participación.






Comité “Sordos por Convención”
CHILE


Sin reconocimiento a nuestra lengua, sin acceso a la información.. no hay ciudadanía sorda!!..






Documento presentado por:

AGRUPACION DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

































FUNDACIÓN “ESPERANZA NUESTRA”
Discapacidad Física en Adultos
Misión: Contribuir al desarrollo y rehabilitación integral de personas con discapacidad física, adultas, especialmente de escasos recursos económicos



DATOS GENERALES sobre Discapacidad en Chile


En Chile, 2.068.072 personas tienen discapacidad, lo que equivale al 12,9 % del total de la población del país; esto es, 1 de cada 8 personas vive con discapacidad.
Uno de cada tres hogares, en Chile, tiene al menos una persona con discapacidad, equivalente al 34,6 % de los hogares chilenos.
En la población con condiciones socioeconómicas bajas, la discapacidad es el doble de frecuente que en la población con condiciones socioeconómicas no bajas.
Mientras 1 de cada 2 personas sin discapacidad realiza un trabajo remunerado, sólo 1 de cada 3 personas con discapacidad lo realiza.
El 63 % de las personas con discapacidad se encuentra en el hogar, realizando trabajos domésticos.
Estudiar es 4 veces más frecuente entre las personas sin discapacidad que entre las personas con discapacidad.
1 de cada 2 personas con discapacidad no ha completado la educación básica.
El 8 % de las causas de discapacidad en Chile corresponden a algún tipo de accidente.
4 de cada 5 personas con discapacidad declaran que su discapacidad ha tenido impacto económico en la familia.
Según la estadística del año 2004, en el último año, sólo 6 de cada 100 personas con discapacidad  habrían tenido acceso a servicios de rehabilitación; es decir, 134.257 personas, de un total de 2.068.072 personas con discapacidad, lo que representa apenas un 6,49 %.




Situación Actual de las Personas con Discapacidad Física en Chile, en contraste con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
                                             
De acuerdo a la ENDISC 2004, del 12,9 % de personas con discapacidad, que hay en Chile, un 6,57 % corresponde a personas con discapacidad física.

REHABILITACIÓN

La Convención, en su artículo 26, respecto a la rehabilitación, dice: Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes,  para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Para ello, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.
Por otra parte, los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de rehabilitación.
La Convención también dice que los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación.




La situación actual, en lo que se refiere a la rehabilitación de las personas con discapacidad física, adultas, dista bastante de lo que dice la Convención. Afortunadamente, la situación de los niños y jóvenes con discapacidad física, menores de 25 años, es muy distinta, pues existen dos centros de rehabilitación, destinados a proporcionarles atención integral. Uno es el INRPAC, único centro asistencial estatal en Chile, que pertenece a la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente; y el Instituto Teletón, ONG que cuenta con 9 centros, a lo largo del país.
En cambio, no existen servicios ni programas públicos de rehabilitación integral, a nivel estatal, dirigidos a las personas con discapacidad física, adultas. Las iniciativas existentes son todas de carácter privado, e inaccesibles por el costo de sus servicios, para las personas de escasos recursos económicos y/o no afiliadas a las mutuales de seguridad. Por otro lado, las ONGs, como la Fundación “Esperanza Nuestra”, institución de beneficencia, sin fines de lucro, con 38 años de experiencia en el tema de la discapacidad física, no recibe ningún aporte del Estado, a pesar de que todas las personas que se rehabilitan, año a año, en su Centro de Rehabilitación Integral, ubicado en la comuna de Maipú, son derivados por los distintos Servicios de Salud Metropolitanos.

                                                  
MOVILIDAD PERSONAL

La Convención, en su artículo 27, dice que los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado, que trabaje con estas personas, capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo, a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.


La situación actual de la movilidad personal de las personas con discapacidad, si bien es mejor que años atrás, aún debe ser mejorada, especialmente en la calidad de las ayudas técnicas que se entregan y en los plazos para esas entregas.
En lo que se refiere a formas de asistencia humana, para que las personas con discapacidad física tengan una movilidad de calidad, podemos decir que no existen acciones ni programas públicos que se ocupen de este tema.
Hay, en estos momentos, numerosas personas con discapacidad física, postrados en cama, por no contar con alguien que los levante y los siente en sus sillas de ruedas. Éstas son personas que podrían hacer grandes aportes a la sociedad, especialmente entre sus pares, a través de movimientos asociativos, si pudieran contar con la asistencia necesaria para moverse en forma  más independiente.



ACCESIBILIDAD

La Convención, en su artículo 9, dice que, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a los edificios, las vías públicas, el transporte, escuelas, viviendas, instalaciones médicas, lugares de trabajo, instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público;


La situación actual de la accesibilidad de las personas con discapacidad física, especialmente de aquellas que se desplazan en silla de ruedas, está mejorando, pero muy lentamente. A pesar de que existe una ley al respecto, todavía son muchos los edificios públicos y privados, a los que no se puede acceder, pues no cuentan con rampas para tal efecto. Hay casos en los que sí se puede acceder al edificio, pero sólo al primer piso, pues no cuentan con ascensor para los otros niveles.

En cuanto a los rebajes de las veredas, en las esquinas de las calles de la ciudad, falta mucho para decir que una persona con discapacidad, que se moviliza en silla de ruedas, puede desplazarse por la ciudad sin encontrarse con obstáculos. Además, muchos de estos rebajes están hechos sin considerar los grados de inclinación adecuados, transformándose en un peligro para la persona con discapacidad.

Respecto al transporte público, podemos decir que antes del transantiago, las personas con discapacidad, que se desplazan en silla de ruedas, simplemente no tenían ninguna posibilidad de usar este medio de transporte para moverse por la ciudad. Hoy en día, hay muchas personas con discapacidad que lo utilizan, permitiéndoles desarrollar múltiples actividades, en forma totalmente independiente. Es cierto, también, que en los horarios llamados punta, es imposible que una persona en silla de ruedas pueda acceder a un bus del transantiago, sin considerarlo un suicidio, pero existe la esperanza de que esta situación mejore. Tampoco los buses del transantiago, de piso bajo, llegan a todas las poblaciones de Santiago, a los sectores más pobres de la ciudad, produciéndose otra forma de discriminación.

Una situación de atropello de la dignidad de las personas con discapacidad física, que se desplazan en silla de ruedas, se produce en aquellos lugares de atención de público, a través de un mesón, por ejemplo en bancos, farmacias, aeropuertos, centros de pago de pensiones, etc., cuya altura está pensada sólo para personas de pie. La persona en silla de ruedas debe levantar la voz y las manos, para llamar la atención de la persona que atiende, al otro lado del mesón, quien tampoco la ve; y, a continuación, debe gritar para responder las preguntas del funcionario, sintiéndose incómodo ante las demás personas presentes.



PROPUESTAS

Rehabilitación:

La Ley 19.284, en vigencia, dice que la rehabilitación de las personas con discapacidad es una obligación del estado, el que debe fomentar la creación de centros de prevención y rehabilitación, públicos o privados. Asimismo, canalizará recursos para colaborar en acciones de prevención y rehabilitación, a través de programas orientados a mejorar el acceso a estos, de las personas con discapacidad, de escasos recursos.

Proponemos que el Estado cree un Instituto Nacional de Rehabilitación o verdaderos servicios de rehabilitación integral, en los diferentes hospitales de la red de salud pública de todo el país. Por otra parte, que destine recursos para el financiamiento de programas de rehabilitación, en ONGs existentes, como el Centro de Rehabilitación Integral de la Fundación “Esperanza Nuestra”, que entrega este servicio desde hace ya 18 años, a personas con discapacidad física, mayores de 21 años, especialmente de escasos recursos económicos.

En estos momentos, el Estado está pagando grandes sumas de dinero a clínicas privadas, a las que los Servicios de Salud derivan sus pacientes para que reciban rehabilitación, por un período de no más de 2 ó 3 meses, luego de los cuales, estas personas con discapacidad son dadas de alta, aunque no hayan completado su proceso de rehabilitación. Las familias de estas personas llegan a la Fundación “Esperanza Nuestra”, solicitando ingresar a su familiar con discapacidad para completar el proceso de rehabilitación.

Proponemos que el Estado destine recursos a Centros de Rehabilitación como el de la Fundación “Esperanza Nuestra”, que recibirá a sus pacientes, asegurándoles que el proceso de rehabilitación se cumplirá, sin importar los meses que se necesiten.


Movilidad Personal:

Proponemos que el plazo de entrega de las ayudas técnicas sea menor y que se cumplan las especificaciones técnicas, indicadas por el especialista tratante. Además, que se reconsidere la entrega de “Scooters”, que estaba haciendo el FONADIS y que, según explicación del Secretario Ejecutivo de esa entidad, se canceló por haberse entregado en forma indiscriminada.  Esta ayuda técnica es de mucha utilidad para personas con discapacidad física, que son dirigentes de movimientos asociativos, porque les permite recorrer mayores distancias y visitar a quienes integran estos movimientos, dentro de una comuna; más aun, si el transporte público adaptado no llega hasta esos lugares. Para que no se produzcan abusos en la entrega de esta ayuda técnica, el Fonadis debe mejorar su sistema de fiscalización.

Proponemos, también, la creación de un programa de Asistentes de Vida, financiado por el Estado, que brinde asistencia personal a aquellas personas con discapacidad física, denominados “grandes discapacitados”, con el fin de mejorar su calidad de vida, permitiéndoles integrarse con mayor movilidad e independencia a su entorno inmediato y a la sociedad en general.


Accesibilidad:

Proponemos que en relación al acceso a edificios, públicos y privados, se haga cumplir la ley con mayor rigurosidad y firmeza; y, si es necesario, aplicar fuertes sanciones y multas considerables a quienes no cumplan la ley. Además, que esta ley se extienda al interior de los edificios; de lo contrario, no se puede hablar de verdadera accesibilidad.

Por otro lado, proponemos que los Departamentos de Obras de las Municipalidades fiscalicen, con mayor acuciosidad, los proyectos de repavimentación u otros trabajos en la vía pública, para asegurarse que se hagan los rebajes en las veredas y que éstos cumplan con las especificaciones técnicas.

En relación al transporte público accesible para personas con discapacidad física, que se desplazan en silla de ruedas, proponemos que, a corto plazo, éste se extienda a toda la ciudad de Santiago y, por supuesto, a Regiones. Que se exija a los empresarios del Transantiago realizar la mantención de los distintos elementos, que facilitan la accesibilidad de las personas con discapacidad a los buses, como son las rampas y los cinturones de seguridad, pues muchos de ellos ya están en mal estado, constituyéndose en un peligro para las personas.

También proponemos que las Municipalidades creen un servicio de transporte comunal, destinado a las personas con discapacidad de la comuna, que pueda acercarlas a los troncales, donde podrán acceder a los buses de piso bajo.

Respecto a los mesones de atención de público, demasiado altos para las personas que se desplazan en silla de ruedas, proponemos algo muy sencillo: que exista, al menos, un mesón bajo, a la altura de una persona sentada, que permita hablar frente a frente con el funcionario que atiende. 






Documento presentado por:

AGRUPACION DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CAUSA PSÍQUICA

































Santiago de Chile, 5 de noviembre 2008
Diagnostico, propuestas y prioridades en DDHH de las Personas con Discapacidad (PcD) mental o de causa psíquica, realizado por las  organizaciones de personas con discapacidad y sus familiares reunidos en  CORFAUSAM, para el Movimiento “D”.

Introducción.
De nuestras vivencias y nuestros conocimientos, permanentemente analizados y revisados, podemos definir los logros y las necesidades prioritarios  que advertimos en los distintos ámbitos que conforman nuestro entorno  habitual, allí donde vivimos el día a día.
A continuación, trataremos nuestras  propuestas  multisectoriales considerando que los trastornos y enfermedades mentales deben ser abordadas en forma integral

AREA PARTICIPACION:
Quienes conformamos el mundo de las personas con discapacidad, estamos absolutamente convencidos de que la potencia y el compromiso de la familia y de los usuarios mismos, organizados y coordinados, es una herramienta vital que debe asociarse a la labor del Estado y del mundo privado para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de aquellas personas que, pese a tener una condición distinta, son ciudadanos con derechos y deberes que debemos cautelar como comunidad toda.
-Se requiere Funcionamiento regular y permanente: la Corfausam durante 8 años, de manera ininterrumpida, lo que nos ha transformado en una estructura “de verdad”, con gente concreta, vinculada, fraterna y con una mirada común frente al sueño de reconocer y aceptar la diversidad,
-Se requiere Capacitación permanente en temas de salud, de educación, de trabajo, de legislación, de gestión y liderazgo, de administración, etc., El fundamento de este quehacer es que necesitamos conocer, y entender las situaciones más relevantes que ocurren en nuestro ámbito para poder desarrollar con más propiedad un rol dirigencial efectivo y serio, que favorezca el trabajo de nuestras organizaciones.
-Se requiere Participación en numerosos eventos convocados por organismos del Estado,  universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada y organismos internacionales. Para nosotros significa reconocimiento y consideración, posibilidades de aprender más y empoderamiento de nuestro espacio de acción  social.
Tenemos una mirada país, impulsamos un cambio cultural en donde el respeto, la tolerancia y la no-discriminación hacia las personas diferentes sea parte de nuestro diario vivir
-Se requiere una plataforma social, una base muchísimo más estable y firme que la que hoy tenemos
Lo que en realidad frustra, desencanta, “mata” propuestas,  iniciativas, quehaceres, es que los resultados son aún demasiado escasos en cantidad, y especialmente en calidad, porque  no se expresan en políticas sociales integrales para las PcD y sus organizaciones. Pese a ello, trabajamos con ahínco, perseverancia y compromiso.
-Respetar y fomentar  el derecho de las PcD a la libre asociación en todas sus formas legales. La actual precariedad  de nuestras organizaciones requiere de una política gubernamental de participación y ciudadanía plena de las PcD, que promueva en forma sustentable y permanente el desarrollo y financiamiento de nuestras organizaciones, porque somos parte de la solución para la integración activa de las PcD en la sociedad chilena, a nivel comunal, regional  y nacional.
-Proteger el derecho a  la participación de  las organizaciones sociales de y para las PcD, en   la generación de las leyes y políticas públicas que nos afectan. Nuestra imperfecta democracia todavía  no tiene como una de sus premisas fundamentales la participación efectiva y la consideración de los análisis y propuestas de las personas con una condición distinta y sus familias, quienes son los directamente beneficiados  o perjudicados con  la legislación que se adopte. Necesitamos la suma de la experticia del legislador, y la vivencia cotidiana de quienes tienen algún tipo de discapacidad.   Lo que hoy tenemos son básicamente reconocimientos que buscan generar conciencia de lo que debe ser, pero que no constituyen ni lejanamente aún la posibilidad de una incorporación plena al mundo social
Y al finalizar,  nuestra demanda central, fundamental e imprescindible: la necesidad, el derecho, la justicia de contar con un financiamiento estable para profesionalizar el servicio que realizan hacia  la comunidad, las organizaciones sociales de y para las PcD. Las sociedad civil organizada pone su testimonio, su experiencia vital, su compromiso de por vida, y su trabajo esforzado, sacrificado y permanente. Pero esa llamarada de  fuerza, coraje y amor, no logra frutos si no se acompaña de un sustrato económico que posibilite cubrir gastos básicos propios de una organización que debe realizar un sinnúmero de actividades, y llevar a cabo programas de trabajo serios, responsables y eficientes. No  se puede pretender implementar políticas sociales, con  la participación de la comunidad organizada, como corresponde y como queremos que sea, en base a fondos concursables escasos, discontinuos y generadores de relaciones absolutamente perversas entre los miembros de un mismo sector; con el trabajo de voluntarios en sus  “tiempos libres”, y con el aporte de profesionales ad honorem en las noches o los fines de semana.
Por lo tanto, seamos serios y consecuentes: la sociedad civil debe ser un actor presente en la construcción de una sociedad que entregue igualdad de oportunidades a cada uno de sus miembros, la participación ciudadana es valorada y fomentada en la actualidad; las personas con discapacidad son una riqueza desde todo punto de vista para el gran cambio socio cultural que queremos y por el cual trabajamos, Luego , para permitir la expresión concreta de todo ello, no cabe más que financiar con ingresos suficientes y regulares los gastos básicos y fundamentales que estas tareas demandan.
De lo contrario el discurso será vacío y falso,  reforzaremos la inequidad y la discriminación que decimos querer eliminar
AREA TRANSPORTE:
-Derecho al transporte publico de las PcD, mediante un acceso universal para las PcD, con una tarifa igual al pase escolar.
AREA VIVIENDA Y HOGAR
-Proteger el derecho universal a iniciar y desarrollar una nueva familia sin restricciones en las PcD. Y  ante barreras legales, legislar para proteger este derecho, con políticas proempleo de las PcD,  con acceso a viviendas sociales sin deuda para PcD en situación de pobreza, con  subsidios a la vivienda para PcD de clase media.
Proveer  apoyo socio terapéutico a la nueva familia de cada PcD, para la protección del derecho universal a la maternidad o paternidad de las PcD, terminando con las prácticas  médicas de esterilización  forzosa  e irreversible hacia las PcD, o la perdida de la custodia de sus hijos e hijas.
  AREA DE LA SALUD:
Reconocemos el valor que tiene la Reforma de la Salud, en especial con la creación del Plan Nacional de Psiquiatría y Salud Mental que modifica la concepción y por tanto las propuestas de tratamiento y rehabilitación  de las personas con afección en salud mental. Compartimos desde nuestra propia experiencia la importancia que tiene la generación de una serie de nuevas alternativas de abordaje de la enfermedad mental, con priorización de las estrategias comunitarias. El Plan Auge sin lugar a dudas que es un avance, aunque todavía insuficiente. Esperamos que su crecimiento programado, haga  alcanzable en lo financiero aquellos tratamientos que hoy día aparecen  inalcanzables para la mayoría de las PcD
Sin embargo, mantenemos necesidades prioritarias muy grandes aún, en lo relativo a la cantidad y mayormente a la calidad de estas prestaciones, tales como las que a continuación demandamos:
Derecho la  incorporación universal en las leyes, en las políticas publicas, y en las Academias,  del concepto de Salud Mental como una parte indivisible de la Salud Publica y Privada, y como un Bien Social, integrada a los Derechos Humanos y Constitucionales, no regulable por las Leyes del Mercado y, en consecuencia, como un Problema de Estado, en tanto éste represente las necesidades de la mayoría de la población.
-Actualización de programas de estudio y perfeccionamiento en educación superior para profesionales de la salud mental reforzando en el curriculum el énfasis en lo social o comunitario y la reinserción socio laboral y educacional de las PcD
-Informar, y Crear conciencia en la opinión pública sobre la trascendencia de la Salud Mental en el bienestar individual y colectivo, basado en el apropiado conocimiento de la problemática actual de los trastornos mentales y su impacto económico-social en los pacientes, sus familias y la sociedad toda.
-Aumentar la cantidad y optimizar la calidad de los diversos sistemas de atención en salud: más Hospitales Diurnos, más Residencias Protegidas y Hogares Protegidos sustentables y dignos con apoyo socio terapéutico adecuado para las PcD que lo requieran; más horas de profesionales en los Servicios de Psiquiatría  de los hospitales generales y más horas profesionales en las urgencias de los hospitales psiquiátricos. Y cautelar en ellos la presencia permanente de una entidad independiente, conformada por profesionales y por miembros de nuestra propia comunidad, que velen por la calidad del programa, su gestión, su pertinencia, el clima interno de trabajo y/o de convivencia, las relaciones interpersonales, etc.
-Derecho de las PcD a contar con  la  información y coordinación  de las instancias de salud o Redes,  para  que el  usuario, de manera rápida, segura y expedita  pueda acudir al lugar apropiado a recibir la atención médica requerida,
-Proteger el derecho universal de las PcD a una  atención de salud oportuna y de buena calidad en el circuito de la atención primaria, para un diagnostico temprano y un tratamiento inmediato especialmente en población infantil y juvenil, con el propósito de  prevenir  un precoz grado de  discapacidad, desarraigo y exclusión social, diseñando dispositivos de psiquiatría adecuados para esta población vulnerable, estableciendo en todos los municipios  del país, servicios de salud mental locales o COSAM
-Proteger el derecho de salud en las PcD a  la derivación  inmediata hacia los  servicios de atención especializada cuando se requiera, incluyendo exámenes, medicamentos y trabajo psicoterapeútico  para el usuario y su familia.
-Derecho a la tolerancia y no discriminación de las PcD, mediante políticas publicas comunicacionales  y de formación de opinión publica  permanentes en la población, para educar en torno a qué significa la discapacidad mental en todas sus formas, desmitificar y desestigmatizar a los sujetos que tienen esta condición, para favorecer su inserción y participación comunitaria real.
-Derecho a que  se conozca plenamente las potencialidades reales de las PcD de causa psíquica compensados o estabilizados en su enfermedad, para combatir la discriminación social en la opinión publica.
- Derecho a que se respete la vida privada y las creencias religiosas de las PcD. 
-Evaluar el funcionamiento del actual Programa Nacional de Salud Mental  y Psiquiatría y concordar en su modificación potenciando   su presupuesto que de cabida a más contratación de profesionales, como también   construir un programa nacional, sustentado por el estado, de rehabilitación psicosocial
de los usuarios afectados de enfermedad mental, creando las condiciones  de reinserción social que hoy día están ausentes
-Derecho a  Talleres Laborales Protegidos como espacios de rehabilitación psicosocial y de breve transición hacia un empleo normal, pero nunca como un fin en si mismo,  salvo  para aquellas personas cuya discapacidad sea más severa, como ocurre a veces con las personas que sufren multidéficits, reorientando todo el proceso, en los casos en que sea posible, hacia una integración en empleos normales con apoyo terapéutico, para evitar una nueva segregación y asistencialismo.
Orientar esta actividad socio terapéutica hacia la obtención de ingresos económicos dignos para las PcD, mientras dure la transición laboral. Y generar en los espacios de rehabilitación psicosocial con trabajo protegido, una estrategia de comercialización eficaz, que considere apoyos financieros, capacitación en gestión, en marketing, publicidad, y  otros recursos de administración de empresas.
-Proteger el derecho a la libertad de las PcD, y a que se cumpla en todos los casos de internación en recintos hospitalarios de PcD de causa psiquiátrica, con el Reglamento 570 del MINSAL. Particularmente, legislar sobre el   la obligación del Estado  a garantizar  los recursos públicos  que fueran necesarios para  la fiscalización del cumplimiento de este Reglamento, en todos los casos de internaciones administrativas o forzosas, para la Comisión Nacional de Protección de las Personas Afectadas por Enfermedad Mental.
-Derecho a que se respete las   decisiones de las PcD en cuanto a tratamiento de salud, protegiendo  en todos los casos su derecho al consentimiento informado, y el  derecho a conocer su  ficha medica.

AREA DE LA EDUCACIÓN:
Saludamos  la puesta en marcha de la Reforma Educacional, que incluye una modificación sustancial en las estrategias para la educación de personas con necesidades educativas especiales, así como el muy significativo aumento de los recursos para implementar dicha reforma. Sin duda, habla de nuevos tiempos para nosotros, dados por la posibilidad de formarnos como seres integrales, que queremos vivir plenamente en comunidad.
Sin embargo, necesitamos avanzar mucho más, en especial en los siguientes aspectos
Demandamos:
Derecho universal a  la educación de las PcD entre  la población infanto-juvenil actualmente excluidos, particularmente entre los que se cuentan mayoritariamente los multidéficits y los niños y jóvenes de sectores apartados de la ciudad.
-Ir propendiendo hacia establecimientos educacionales más inclusivos que den respuestas reales y apropiadas a la diversidad del alumnado Esto último requiere como condiciones centrales:
-Lograr un cambio en las concepciones, actitudes y prácticas de los docentes y de los formadores de docentes, que les permita aceptar, valorar y comprometerse con la educación de las personas diferentes.
-Aplicar estrategias novedosas de trabajo en el aula, y en la escuela en general, que fomenten la creatividad, el interés por los aprendizajes, e incentiven a los alumnos a poner el acento en lo que pueden y no en sus limitaciones.
-Aumentar la oferta de programas que atiendan con eficiencia las demandas de integración escolar de las personas con discapacidad, y complementariamente a ello, mantener catastros actualizados en todas las instancias de gobierno (Ministerio de Educación y demás reparticiones de él, Intendencias Regionales, Municipios) con las ofertas existentes desde la educación preescolar hasta la superior, logrando con ello que la familia sepa donde acudir desde temprana edad para iniciar el proceso educacional fundamental de su hijo.
-Ampliar los equipos multiprofesionales de apoyo a la educación y modificar sus roles. Estos equipos deberán asesorar, orientar y fiscalizar la correcta escolarización de los alumnos, considerando siempre la opinión de la familia, y deberán velar en las distintas etapas del proceso por la calidad de la educación que se brinda a estos alumnos.
Derecho de las familias con PcD a participar y colaborar en el proceso educativo y en la toma de decisiones que conciernen a sus hijos e hijas. En función de ello, crear espacios y desarrollar acciones de formación e información dirigidas a las familias para asegurar el compromiso y la participación activa de ésta en el proceso educativo de sus hijos a lo largo de las diferentes etapas educativas.
-Optimizar  y fiscalizar en forma permanente el uso de los recursos públicos en educación de las PcD para asegurar que sean utilizados para los fines que fueron destinados.
Solo si entre todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje (los de la propia escuela, los municipales, los del Mineduc y otros eventualmente creados ad hoc) cautelamos la existencia de los recursos financieros y la calidad técnica adecuados, podremos asegurar una buena formación de los nuestros. De lo contrario, seguiremos  ofreciendo ilusiones, lo que provoca confrontaciones artificiales  y desestabilizadoras entre los diversos estamentos de la comunidad educativa, sensaciones de frustración y de engaño particularmente en los usuarios del sistema, y un desprestigio de difícil conversión con respecto a las bondades de la Reforma.
ÁREA LABORAL:
Conocemos de experiencias concretas  exitosas y esperanzadoras en este campo, así como de empleadores de PcD, que  ya están cumpliendo con la normativa  legal establecida para los contratos de trabajo. Valoramos profundamente estas iniciativas pioneras; sin embargo, creemos que ellas son
generadas de manera puntual por personas o entidades que van a la vanguardia de la apertura laboral hacia las  personas con capacidades distintas.
También conocemos e incluso hemos sido llamados a dar nuestra opinión en el proceso de  Reforma Previsional, que sin duda significa un beneficio concreto e importante, que viene a resolver un problema muy central para la mantención económica de las personas con discapacidad.
Pero para  el empleo sea una oportunidad real para todos por un lado, y para que la nueva normativa previsional se cumpla en la práctica, requerimos:
-Impulsar la implementación de programas renovados de capacitación laboral, básicamente aquellas modalidades que dicen relación con la capacitación en el sitio del empleo,
Derecho de las PcD a puestos de trabajos normales, definidos, y permanentes, con apoyo y seguimiento socio terapéutico, que correspondan al perfil y a la formación que las personas con discapacidad posean, a los que se accedan considerando una  disposición  que establezca mediante ley cupos de trabajo para personas con capacidades diferentes,  tanto en el sector público como privado, y fiscalizando la discriminación laboral positiva efectiva hacia las PcD.
Derecho de las PcD  a una  condición salarial y remuneración correspondiente de acuerdo a la legislación laboral vigente, y legislar a la brevedad para que la obtención de un puesto de trabajo y su respectivo sueldo, no se torne incompatible con ningún otro beneficio hacia las PcD, considerando fundamentalmente que la discapacidad normalmente exige gastos más fuertes que los que  implica la  mantención de cualquier persona.

Derecho a una  legislación laboral para las PcD, que termine con las barreras al empleo existentes en nuestra sociedad, considerando en los lugares de trabajo normales, la inclusión de  ajustes razonables acordes a las  capacidades diferentes de las PcD.
Que  este diseño universal laboral para las PcD se concrete en normativas laborales legales igualitarias y justas tanto en el sector publico y  como en el privado.
Queremos que el trabajo de las PcD nos permita plasmar la esencia de nuestro ser con alegría, con responsabilidad, con compromiso, con deseos de aporte, trascendencia, y como espacio para la realización social de las PcD.
El trabajo dignifica y plasma las expresiones más plenas del ser humano  cuando se realiza en condiciones  apropiadas. De lo contrario, perpetúa las injusticias, los dolores y las rebeldías descontroladas.


ÁREA LEGISLATIVA:
No podríamos desconocer los  esfuerzos logrados que significan algunas leyes aprobadas en beneficio de las personas con discapacidad, entre las que destacan la Ley Nª 19284 sobre discapacidad mental.  Planteamos que se adecuan las enmiendas y así reflejar un avance  en el actual proyecto de Ley sustitutivo que esta en el Senado.
Valoramos el Proyecto de Ley Antidiscriminación que está a las puertas de ser promulgado en el parlamento.
Sin embargo, requerimos de una legislación significativamente mayor, que considere  mucho más nuestras propuestas concretas.
Derecho a  la plena ciudadanía y a ser sujeto de pleno derecho para las PcD. Por lo tanto, requerimos resolver todos los distintos problemas que hay con las interdicciones mediante la derogación de  la Ley 18.600 referida a la interdicción de las PcD, y  legislar  sobre las personas privadas de libertad por causa psiquiátrica o pacientes forenses, de acuerdo a la Convención internacional de DDHH de la ONU, para las personas privadas de libertad. A esta personas, la Reforma Procesal Penal y la Ley de la Responsabilidad Penal Adolescente, las   priva del derecho a un debido proceso como  personas imputadas con derecho a  penas aflictivas acordes con su infracción a la ley penal, sometiéndolas a internaciones psiquiátricas de larga estadía en recintos hospitalarios  inadecuados, sin personal de salud para tratamientos terapéuticos integrales apropiados para  los infractores de ley penal, y sin  posibilidad de revisar su caso judicial con un defensor publico  según  la recomendación de alta medica de sus  médicos tratantes.

AREA DE LA CULTURA Y LA RECREACIÓN:
Derecho a la recreación, el deporte, el esparcimiento, la cultura y sociabilidad, de las PcD. Requerimos la implementación y desarrollo sustentable  de  Casas Club o sedes sociales para PcD en todos los municipios del país, con recursos semejantes  a las Casas del Adulto Mayor a nivel local, siendo el lugar de acogida natural para las organizaciones sociales de y para PcD a nivel local.
Derecho al acceso y goce permanente de  las PcD de los centros culturales, deportivos y bibliotecas publicas en  todos los municipios del país,  mediante una política publica de  diseño universal o ajustes razonables para PcD, tanto en su infraestructura, como en la capacitación de sus recursos humanos, y tecnologías amigables (Tiflotecnias), que consideren las capacidades distintas de las PcD
Queremos participar activamente en este campo, creando, descubriendo y disfrutando de las distintas expresiones de las artes, en espacios que nos acepten, que nos incorporen de igual a igual, para lo cual es preciso que  existan propuestas, y  programas que nos consideren en nuestras especificidades. Y de hecho, cada vez que surge una expresión artística  o  recreativa apropiada ( teatro, cine, plástica, música u otros) la experiencia es tremendamente disfrutada por todos quienes la conocen, enriquece las vidas y los proyectos de trabajos futuros de creadores y público, genera sinergia y compromiso con la incorporación de la diversidad a estos espacios  tan fundamentales  para el saber y los sentimientos.
 Pensamos que para sensibilizar y promover el gran cambio cultural que es imprescindible y tan anhelado, es  preciso  partir por el irrestricto respeto a nuestra condición  humana, que significa que también podemos participar del arte en sus distintas expresiones, como creadores o como admiradores de él, y valernos de las casi infinitas posibilidades de comunicación y acercamiento que él nos permite.
 De la misma manera, queremos ejercer nuestro derecho a estar presentes en actividades deportivas, a movernos libremente en espacios de esparcimiento y de descanso como son parques, piscinas y otros.
Solo de esta manera la inserción psicosocial será real y no ocurrirá como hoy, que muchas veces a nuestra discapacidad, se suma la discapacidad de la sociedad chilena  para acoger a la diversidad, que constituimos el significativo  13% de ella.
.


CORFAUSAM
Coordinadora de Organizaciones de
Familiares y Usuarios de Personas con
Afecciones de Salud Mental
Mac Iver 459, 8º piso, Santiago
Holanda 337, Providencia
Safo 5079, Villa Sur P.A.C
miguelrojas1@gmail.com    Teléfono 02-5740715 o 02-3359721
marcela.benavides@live.cl  Teléfono 02-2356361 o 02-6204728
jorge.chuaqui@gmail.com   Teléfono 32- 2722932

Delegados CORFAUSAM:
Marcela Benavides,
AliciaRivas,
Jorge Chuaqui.










Documento presentado por:

AGRUPACION DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL


































La  Unión Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile, en solicitud al requerimiento de la redacción de un documento relativo a:


1) Diagnóstico de la situación actual, prioridades y propuestas, nuestra institución, en representación de todos sus socios: personas naturales, jurídicas y el directorio, han acordado lo siguiente:

a)      Debemos entender que Chile actualmente no cuenta en su ordenamiento jurídico con las condiciones apropiadas para aplicar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo indispensable generar un marco jurídico para materializar en hechos concretos los Derechos y Principios que establece esta convención. Producto de lo anterior las políticas generales en torno a la discapacidad adolecen de un enfoque sistémico y sólo apuntan a resolver parte del problema.

2)      Prioridades:

a)      Vemos con preocupación la falta de coordinación en el sector público para concretar acciones que lleven a materializar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en los diferentes Ministerios de la República.
b)      Nuestra Corporación constata que en estos momentos es prioritario garantizar eficazmente el derecho a acceder a la información. Existen matices que son sumamente peligrosos y que al no observarse en forma correcta pueden generar focos de discriminación, el acceso a la información es una herramienta fundamental para que las personas con discapacidad visual puedan tener acceso a los medios digitales. Este tema es largamente tratado en la convención y en la actual modificación de la Ley 19.284 no es considerado. Esta es una de las urgencias que el Movimiento D debe cautelar, para, de esta forma, asegurar el traspaso de la Convención a las normas jurídicas y políticas de discapacidad de nuestro país. Por lo que, además, debemos desarrollar un trabajo minucioso y detallista para de esta forma detectar cualquier forma de no aplicación de la homologación de la Convención con la legislación chilena.

3)      Propuestas:

a)      Fortalecer el movimiento asociativo del Movimiento D y sus organizaciones asociadas para “hacer entender al poder legislativo de nuestro país” la importancia de homologar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad a la modificación de la Ley sobre Discapacidad 19.284. Nuestra Corporación adjunta documento con una propuesta simple y clara en la que se establecen las modificaciones inmediatas que este cuerpo legislativo requiere.
b)      Conformar un Comité con dos representantes por cada organización para:

1.- Efectuar un monitoreo público de las actividades en favor de la promoción, aplicación y formulación de políticas públicas y proyectos legislativos a favor de las personas con discapacidad.
2.- Redactar un documento cuyo objeto central sea la obtención de recursos económicos para sostener las actividades de este movimiento.
   















Análisis y propuestas al Proyecto de modificación de la ley nº 19284:

Este trabajo, tiene como objetivo fundamental, dar a conocer la visión que múltiples sectores de la sociedad civil, tenemos sobre el proyecto de reforma a la ley nº 19284, el cual, actualmente se encuentra en el Senado.

Pretendemos proporcionar conceptos que enriquezcan el actual proyecto de ley, por tal motivo, nos hemos permitido reformular ideas que a nuestro parecer reflejan de mejor manera la tendencia del Derecho comparado en materia de discapacidad.
Este trabajo fue acordado en la Jornada de Diálogo Institucional de Fonadis, cuyo objeto fue tratar  las modificaciones de la ley 19284, ley de Discapacidad.
Este documento fue confeccionado por el Consejero de la discapacidad visual Claudio Krug   Merino,  y El Sr. Sergio Arias Rojas, Vice-Presidente  de la Unión Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile.



Es importante mencionar que todos los aportes de este escrito, están resaltados con negrita.


1º concepto de discapacidad: Art.4

Persona con discapacidad, es aquella que sufre una limitación objetiva, derivada de su condición de salud, y que puede traducirse en un obstáculo funcional para las actividades de la vida cotidiana, a si como en la restricción para relacionarse con el entorno social laboral, pero que pueden ser superadas, total o parcialmente, por el acondicionamiento de los factores contextuales, de cualquier naturaleza que ellos sean.

2º Accesibilidad:
Nos parece pertinente modificar los siguientes artículos. , relacionados con la accesibilidad. (Las modificaciones se encuentran en negrita)


Artículo 2º.- En la aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social.
Para todos los efectos se entenderá por:
a) Vida Independiente: El estado que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
b) Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos: físicos- informáticos - comunicacionales, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible.
c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible.


Artículo 6º.- Se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural,   social, comunicacional y tecnológica.




3º Propuesta de nueva redacción Art. 11

Artículo 11.- El Estado promoverá la autonomía personal y la atención a las personas  en situación de dependencia a través de prestaciones o servicios, los que se entregarán de modo racional, sin perjuicio de las diferencias socioeconómicas de las personas.
La atención de las personas con discapacidad en situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social.


4 º Propuesta modificación Art. 46 letra E.


Artículo 46.- El Estado, a través de los organismos competentes, promoverá y aplicara medidas de acción positiva para fomentar la integración e inclusión laboral de las personas con discapacidad, especialmente deberá:
a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no discriminación;
b) Promover la creación y diseño de procedimientos, tecnologías, productos y servicios  laborales accesibles y difundir su aplicación;
c) Crear y ejecutar programas de acceso al empleo para personas con discapacidad, y
d) Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobado o divulgado por la Organización Internacional del Trabajo.
e) Crear instrumentos tributarios que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes. Modificando la ley de la renta, de modo de  dar cumplimiento a esta disposición.

           



5 Se propone modificar el Art. 48.

Artículo 48.- La Administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de condiciones y mérito, a personas con discapacidad.
Un reglamento suscrito por el Ministerio de Planificación determinará la forma de dar cumplimiento a  esta disposición. Este deberá fijar una cuota porcentual de funcionarios con discapacidad en la administración pública.




6º Propuesta modificación Art. 50, se hace referencia al código del trabajo Art. 79, Art. 80, Art. 81 y Art. 82, con el objeto de justificar la negación de la aprobación de este artículo.


Artículo 50.- Las personas con  discapacidad podrán celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin limitación de edad.


CÓDIGO DEL TRABAJO

       Artículo 79.  Sólo podrán celebrar contrato de aprendizaje los trabajadores menores de veintiún años de edad.

       Artículo 80.  El contrato de trabajo de aprendizaje deberá contener a lo menos las estipulaciones establecidas en el artículo 10 y la indicación expresa del plan a desarrollar por el aprendiz.

       Artículo 81.  La remuneración del aprendiz no estará sujeta a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 44 y será libremente convenida por las partes.

       Artículo 82.  En ningún caso las remuneraciones de los aprendices podrán ser reguladas a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.


A nuestra  consideración este artículo permite solo generar pobreza, en el colectivo  discapacitado de nuestro país. Fundamentalmente    debido a lo dispuesto por el Código del Trabajo, lo cual desprotege derechos   laborales básicos. En la práctica,  esto se resume,   en que el trabajador queda a merced de su empleador en cuanto a fijar remuneraciones,  y a la pérdida del derecho a negociación colectiva.




7º Propuesta de  modificación Art. 59 letra C, 

Artículo 59.- El Registro Nacional de la Discapacidad deberá:
a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez;
b) Inscribir a las personas con discapacidad que lo soliciten, previamente certificadas por la COMPIN;
c) Inscribir a las personas naturales que presten servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. El reglamento determinará la naturaleza de estos servicios y los requisitos que deben cumplir estas personas para su incorporación en este registro. Estas no tendrán derecho a ninguno de los beneficios consagrados por esta ley,  dirigidos a las personas con discapacidad.
d) Inscribir a las personas jurídicas que atiendan o se relacionen con personas con discapacidad. Estas personas deberán acreditar su existencia legal;
e) Otorgar las credenciales de inscripción y los certificados que determine el reglamento, y
f) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento.





8 º Se  propone incorporar dos nuevos integrantes al consejo. Art. 67.

Artículo 66.- El Consejo es un órgano colegiado que tendrá las funciones consultivas y resolutivas que señale esta ley. Este Consejo deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de equiparación de oportunidades y de inclusión política, económica, social y cultural de las personas con discapacidad.
El Consejo se integrará como sigue:
a) El Ministro de Planificación, o su representante, quien lo presidirá y dirimirá los empates;
b) Los Ministros de Hacienda, Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la Cultura y del Instituto Nacional del Deporte, o sus representantes;
c) Cinco representantes de organizaciones de personas con discapacidad de carácter nacional que no  persigan fines de lucro. Estos consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de personas con discapacidad física, auditiva, visual, mental y psíquica. El reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para acreditar su carácter nacional.
d) Un representante del sector empresarial;
e) Un representante de organizaciones de trabajadores;
f) Dos representantes de instituciones privadas sin fines de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad, y
Un representante   de las escuelas especiales.
Un representante del Consejo  de Rectores.
g) El Director Nacional del FONADIS, quien tendrá derecho a voz y será su ministro de fe.
Los Consejeros no serán rentados en su calidad de tales y, los señalados en las letras c), d), e) y f) serán designados por el Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, que elegirán sus representantes en la forma que determine el reglamento.  Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente propuestos.




9 º Se propone agregar funciones al consejo de Fonadis. Art. 70.

Artículo 70.- Corresponderá al Consejo:
a) Proponer las principales líneas de acción que deben orientar los planes, programas y proyectos a financiar por el Fondo Nacional de la Discapacidad, en conformidad a la ley y el reglamento;

    Decidir sobre el financiamiento de beneficios,
Aportes y subvenciones; adjudicar las licitaciones,
cuando proceda; celebrar los convenios y resolver los
concursos, en conformidad a la ley, al reglamento, a sus
estatutos y a los acuerdos que adopte;


b) Solicitar de los ministerios, servicios públicos y entidades en los que el Estado tenga participación, los antecedentes e información necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
c) Recomendar los criterios y procedimientos de evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables financiados por el Fondo Nacional de la Discapacidad;

    Aprobar el programa anual de acción y el proyecto
de presupuesto del Fondo y sus modificaciones;

    Aprobar la organización interna del Fondo y sus
modificaciones, y


d) Resolver y adjudicar los concursos de proyectos;
e) Constituir comisiones de trabajo integradas por consejeros o con personas ajenas al Consejo, y
f) Cumplir las demás funciones que la ley o el reglamento le encomienden.


El consejo deberá   pronunciarse sobre cualquier reforma relativa a la ley de discapacidad, debiendo  emitir un informe que deberá ser presentado ante la cámara de diputados y senado.

Los acuerdos a que se refieren las letras a), c), d) y e), necesitarán del voto conforme de los dos tercios de los consejeros presentes.
El Ministerio de Planificación dictará un reglamento de funcionamiento del Consejo, el que dispondrá, a lo menos, los quórum necesarios para sesionar y adoptar acuerdos y los procedimientos de inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus integrantes.





10º Se propone crear un nuevo  artículo relacionado con la excepción del derecho de autor.

El gobierno deberá incorporar como requisito obligatorio en las bases de licitación, que todas las obras, libros y documentos, que requieran ser adquiridos, permitirán su traspaso a formato braille, casete, CD y digital, para su distribución en el colectivo discapacitado visual de nuestro país.




11º Aportes a la repartición de fondos.


Los recursos de Fonadis deberán ser repartidos equitativamente entre las discapacidades.




12  º Proposición de un nuevo artículo transitorio, el cual, debiera establecer lo siguiente:

Suprímase las letras a y b del artículo 497 del Código Civil.

Elimínese el número 5 del artículo 1012 del Código Civil, y agregase a los números 6 y 7 del mismo artículo, la frase, que no puedan darse a entender claramente.

Reemplazase el nº 5 del artículo 16 de la Ley del Registro Civil por el siguiente:

Los sordos mudos que no puedan darse a entender claramente.




                  Claudio Krug M.                                           Sergio Arias R.
Cons. FONADIS Discapacidad Visual                  Vice- Presidente UNCICH
               Presidente UNCICH







[1]30/03/2011Estudio Universidad de Chile, Facultad Ciencias Económica y Administrativas: ¿Cuál es el costo para el Gobierno de una persona discapacitada intelectualmente, si este luego de finalizar sus estudios en la educación especial y capacitación laboral, no logra incorporarse al mundo laboral?

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