jueves, 24 de marzo de 2011

Cuando las personas con discapacidad son mujeres

Existen múltiples retos que deben ser abordados por la ley, las políticas públicas, como también los planes y programas a escala nacional.
           
Jueves 3 de septiembre de 2009 | | Opinión

Por María Soledad Cisternas, integrante del Comité de Expertos sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Cerca de 650 millones de personas en el mundo presentan una o más limitaciones físicas, de tipo sensorial, intelectual o síquica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se estima que casi un 60% de ellas son mujeres y niñas. Por otra parte, una encuesta realizada en la ciudad de Orissa, en India, reveló que prácticamente todas las mujeres y niñas con discapacidad sufrían golpizas en su hogar, y que un 25% de aquellas con discapacidad intelectual habían sido violadas, siendo esterilizadas por la fuerza un 6% de estas últimas.

Un estudio de Dawn (Disabled Women Network), Canadá, sobre el suicidio y abuso sexual en mujeres y niñas con discapacidad, arrojó el siguiente resultado: un 58,7% pensaron en quitarse la vida; un 51,1% sufrieron abuso sexual; y un 34,8% fueron víctimas de abandono. La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) refrenda la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres. Sin embargo, muchas siguen chocando con barreras para acceder a un puesto de trabajo, a la educación, a la atención de salud y la cultura. Peor aún, quienes presentan discapacidad intelectual y de origen síquico son sometidas a tratamientos no consentidos y a cirugías invasivas irreversibles, incluyendo la esterilización forzada.

El 13 de diciembre, cuando estemos depositando nuestros votos para elegir representantes al Congreso Nacional y a la Presidencia de la República, se estarán cumpliendo tres años desde que la ONU adoptó formalmente la Convención acerca de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las mujeres y niñas con discapacidad habían sido invisibles hasta entonces, en cuanto a la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. La Convención sobre la Discapacidad reconoce que suelen estar más expuestas dentro del hogar y fuera de él, a variadas formas de violencia; al mismo tiempo, se subraya la necesidad de poner la mirada de género en todas las acciones que promuevan sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Una disposición específica de la convención compromete a los estados a adoptar medidas que eliminen la discriminación contra las mujeres, jóvenes y niñas con cualquier tipo de discapacidad, contribuyendo a su pleno desarrollo y potenciación. Lo mismo respecto del adecuado y oportuno acceso a los servicios de salud. Todo ello de acuerdo con prescripciones que obligan a actuar contra estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas, en particular las que se basan en la discapacidad y el género.

Del mismo modo la convención les da una mirada especial a los sistemas de protección social y a las estrategias de reducción de la pobreza, con particular observancia de la situación de mujeres y niñas con discapacidad, doblemente vulnerables a la desigualdad y la carencia de recursos.

En Chile, según el Estudio Nacional de Discapacidad (Endisc) 2004, un 12,9% de la población vive con alguna discapacidad. Es decir, una de cada ocho personas presenta esta condición. Las mujeres y niñas con discapacidad alcanzan un 58,2% en ese total. En consecuencia, existen múltiples retos que deben ser abordados por la ley, las políticas públicas, como también los planes y programas a escala nacional. Se trata de una tarea intersectorial, que compromete a los distintos poderes del Estado y a la sociedad toda. Recordemos todo esto el 13 de diciembre, aniversario de la Convención sobre la Discapacidad.

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